Desafíos para Salta: crecer cuidando el medio ambiente

La ley nacional de protección de bosques se sancionó en el año 2008 ante el proceso de desmontes acelerado y sin control que venia dándose en todo el país. Esta ley obligó a las provincias a planificar. Tenían que ordenar su territorio boscoso en categorías según el estado de conservación de los mismos, amarillo (con posibilidades de realizar manejo sustentable de bosque), rojo (protección absoluta) y verde (con posibilidad de desmontar).

Así, Salta, logró ser una de las primeras provincias en presentar su ordenamiento territorial de bosques nativos ante el gobierno nacional. Algunos sectores cuestionaron sosteniendo que se creó una enorme reserva natural donde no se puede producir, y en ella está la causa de la pobreza y el hambre. Analicemos esto. 

En el período 2008 al 2014 se desmontaron en Salta, en forma legal e ilegal, un total de 465.406 hectáreas, (etapa de auge del precio internacional de comodities). La provincia tenía, según el documento de actualización del ordenamiento de bosques nativos (OTBN 2014 Salta), 5.143.078 hectáreas en amarillo, 1.196.616 en rojo y 1.376.989 en verde. Hoy quedarían, en verde y aptas según ley, para desmontar y producir mas de 1 millón de hectáreas. De estas cifras, surge que en Salta no falta tierra para producir en las próximas décadas, sino todo lo contrario. Entonces, la ley y su ordenamiento territorial no deberían ser un freno para la producción agroganadera en la provincia. 

En el mapa salteño de bosques, más de 5 millones de hectáreas se encuentran en amarillo. No pueden desmontarse, pero si hay actividades productivas que se encuentran permitidas, la actividad forestal, la ganadería bajo monte, etc. Estas deben desarrollarse en forma sostenible con la preservación de esos bosques en mediano estado de conservación. Por lo tanto no es exacto decir que esas tierras son una "gran reserva natural". 

¿Desmontar para luchar contra el hambre y la pobreza, es efectivo?. Veamos el caso de Anta, que es el departamento salteño más desmontado legalmente en Salta. Su superficie se encuentra casi totalmente en verde (apta para producción agrícola), pero miremos sus indicadores: es el cuarto departamento con más analfabetos de la provincia. Además, mientras en el período 2016 a 2017 la tasa de mortalidad infantil promedio en Argentina descendió de 9,7 a 9,3% , en Anta y sus tres municipios sufrió un aumento, especialmente Las Lajitas, donde se elevó del 16,7 al 22,6 %, el doble de la media nacional. En cuanto a hogares con necesidades básicas insatisfechas, Anta tenía (censo 2010) el 27,8 % y se encontraba entre los 5 de los 23 departamentos salteños con la cifra más alta. Se encuentra entre los primeros departamentos salteños con alta incidencia de mal de Chagas, y todavía con casos de lepra, dos enfermedades sinónimo de pobreza, precariedad y hacinamiento. Revisemos: si el desmonte fuese sinónimo de progreso y desarrollo deberíamos tener en Anta los mejores indicadores sociales de la provincia. Las cifras demuestran que no es así. 

Desde el Banco Mundial afirman que, "la deforestación (en Argentina) no solamente tiene un impacto sobre el medio ambiente, la vida silvestre y la biodiversidad. Es probable que afecte desproporcionadamente a las poblaciones más pobres y vulnerables. Los datos sobre pobreza en el censo 2010 sugieren que los niveles de pobreza son muy elevados en aquellas regiones donde también hay una gran deforestación". 

Ley de bosques 

Quienes poseen tierras con superficie boscosa categorizada en amarillo alientan derogar la ley y su ordenamiento de bosques a través de recategorizaciones para poder producir sin límite alguno en sus fincas. Como argumentos señalan realidades que existen y duelen, el hambre y la pobreza, pero la relación de causalidad entre ellas y ley de bosques es dudosa, ¿o antes de la ley esas realidades no existían? La esencia de la ley de bosques, planificar y hacer compatible conservación y producción. No significa que la ley y su ordenamiento sean perfectas, la compensación económica, dispuesta en la norma, tiene problemas graves en su implementación. 

El gobierno nacional envía mucho menos de lo que corresponde y la provincia demora su pago a los dueños de fincas. Las autoridades provinciales deben asumir un fuerte reclamo ante el gobierno nacional por las compensaciones adeudadas a los propietarios. 

Es indiscutible el importante rol del sector privado en la lucha contra la pobreza como generador de empleo. Pero volviendo a los datos del Banco Mundial, el sector que más trabajo genera es el de servicios, mientras el primario cae año a año en esta materia. 

El campo debe desarrollarse respetando la normativa ambiental e impulsar la generación de valor agregado a la materia prima antes de salir de la provincia, para que más recursos queden en Salta. El desafío es sumar otros sectores, servicios, innovación, etc. Provincias vecinas como Jujuy, demuestran que es posible. Pensar también mecanismos locales de redistribución de la riqueza que los recursos naturales salteños generan, es otro desafío.